Los sindicatos fuerzan a Bravo para que no eche a miles de interinos tras la OPE

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¿Cómo resolver el problemón que supone tener a miles de interinos trabajando durante años (algunos más de 20) en la Administración autonómica? La ausencia de oposiciones regulares durante los dos últimos lustros ha ido engordando un conflicto que ahora no sólo necesita una solución a medio plazo, sino también a corto, porque el Gobierno de PSPV y Compromís debe decidir los criterios para ordenar las bolsas de trabajo derivadas de las oposiciones que se han anunciado para este año, que superan las 800 plazas en administración general (al margen de Sanidad, Educación y Justicia).

La convocatoria de estas oposiciones de 2016 traía aparejada la negociación entre Consell y sindicatos de un reglamento para la selección, provisión y movilidad de puestos de trabajo (el actual está vigente desde hace tres años). El borrador definitivo de este decreto, al que ha tenido acceso EL MUNDO y que fue negociado a finales de julio, incluye un apartado referido a las bolsas de empleo temporal (artículo 34) que fue objeto de una fortísima discusión entre la consellera de Justicia y Gobernación, Gabriela Bravo, y los sindicatos de la Función Pública.

La intención de la consellera, con apoyo de CCOO, era establecer que sólo aquellos opositores que superen al menos alguna prueba de las que se incluyan en estas nuevas oposiciones pudieran formar parte de las bolsas de trabajo. La medida afectaba directamente a las cerca de 5.000 personas (sobre una plantilla de 15.000 en las distintas Consellerias) que actualmente ocupan plaza como interinos o como funcionarios en «mejora de empleo», un mecanismo legal que permite a un funcionario con plaza ocupar otra en un puesto distinto a la espera de opositar para esa nueva plaza.

La posición de Bravo era que quien no aprobara alguna parte de la prueba quedara excluida de la bolsa de trabajo, lo cual obligaba a estos miles de interinos y funcionarios en mejora de empleo a superarla.

Tradicionalmente esta expulsión inmediata de la Administración se ha evitado concediendo una mejor puntuación por la experiencia adquirida, criterio que por contra ha penalizado extraordinariamente las opciones de opositores más jóvenes (sin experiencia y, por tanto, sin puntos) o que hayan demostrado gran capacidad en el examen.

CCOO casi siempre se ha opuesto a los procesos de «consolidación» de los puestos ocupados por interinos. Defiende, como hacía también inicialmente la consellera Bravo, que los requisitos de igualdad, mérito y capacidad que impone la Constitución para acceder a un puesto público se protegen mejor cortando accesos a los interinos.

La medida alzó en armas al resto de sindicatos, especialmente a UGT, CSIF e Intersindical Valenciana, que entienden que no se puede someter al personal a la obligación de superar una prueba cada vez que se convocan plazas a un cuerpo determinado.

Consideran estos sindicatos que sería razonable exigirlo si las plazas convocadas fueran suficientes en relación a la plantilla actual, de manera que fuera posible aprobar. Pero esto no sucede desde hace mucho tiempo. En el Grupo A1, por ejemplo, en 2016 se convocan 8 plazas únicamente, cuando existen vacantes 400 plazas y los interinos son más de 350. La propuesta inicial incluía la posibilidad de que los interinos o funcionarios en mejora de empleo que «cesaran» por no haber superado las pruebas de la oposición, se incorporaran a la bolsa, pero sólo en caso de que existieran aprobados suficientes para cubrir las plazas en oferta. La presión de los sindicatos y la mediación de Presidencia de la Generalitat obligaron a Gabriela Bravo a recular.

Pero el problema salta ahora al debate de la reforma de la Ley de Función Pública, donde el informe de los expertos recién presentado propone que sólo quienes aprueben un examen formen parte de las bolsas de trabajo. Eso sí, admite que habrá que dar «vías de acceso» para los miles de interinos.

Extraído de El Mundo

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